Memoria Institucional de geAm 2024

El año 2024, estuvo marcado por el inicio de un proceso de persecución gubernamental a las Organizaciones No Gubernamentales. Estos, a partir del desarrollo de investigaciones y proyectos que mostraban una clara corrupción en el manejo de la cosa pública, por parte de varios actores políticos, así como de investigaciones que mostraron proyectos de gobierno que no se concluyeron o se suspendieron, la derivación de concursos y licitaciones hacia empresas ligadas de los “amigos” de autoridades, llevó al desarrollo de una animadversión hacia las ONGs, nuevo chivo expiatorio que encontró el gobierno para desviar la atención de la situación país.

Las ONGs. actúan en el ámbito de lo privado y la creación de normativas que regulen y establezcan controles a sus actuaciones, solo podrían aplicarse cuando se tratan de proyectos que utilizan dinero público. La transparencia que supuestamente busca el gobierno, trasladando su aplicación al ámbito privado, generó más bien un rechazo general y el desarrollo de debates y divisiones políticas.

La pretensión del ejecutivo de crear una Ley de Control de las ONGs. en su propia definición ya muestra su verdadera intención, la de CONTROLAR. La molestia causada por actores críticos al gobierno y a los tres poderes del estado, fue disfrazado como “garantía de transparencia”. Al tiempo de desarrollarse una normativa desde el ejecutivo, sectores del mismo grupo político, crearon a su vez, la denominada como COMISIÓN GARROTE, iniciando su acción solicitando rendición de cuentas y documentos a varias de las organizaciones no gubernamentales con posiciones críticas al sector gubernamental. 

El proyecto de ley constituye la respuesta a la falta de controles claros sobre las organizaciones sociales sin fines de lucro que manejan fondos públicos y privados, con la pretensión de controlar la trazabilidad de los fondos utilizados por las ONGs. Sin embargo, la normativa presentada al Parlamento, excluyó iglesias, partidos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas y deportivas no profesionales. Para otros sectores parlamentarios y para la sociedad en general, la normativa, constituye un mecanismo de control excesivo sobre la sociedad civil, atentando contra el derecho a la libre asociación, incluso, puede considerarse como herramienta de persecución política hacia las organizaciones críticas al gobierno. Tal vez por la respuesta ciudadana y las críticas provenientes del exterior, el Proyecto de Ley, promulgado en noviembre 2024, no fue aún reglamentado y por ello, no ha entrado en vigencia.

En el ambiente interno del país y como se observó, el año 2024 no fue muy auspicioso el trabajo desde las ONGs. De igual manera, se ha observado una fuerte disminución de la cooperación internacional, que puso a muchas organizaciones, en serio riesgo de sobrevivencia. Incluso, muchas de ellas, han mantenido sus puertas abiertas con un mínimo de financiamiento. Entre ellas, se ubica GEAM. Las actividades actuales se refieren a la búsqueda de recursos a partir del concurso por el acceso a fondos de convocatorias, nacionales como internacionales. El Proyecto PROCICLA, de naturaleza institucional, se mantiene en la línea de flotación y constituye el desafío más importante para mantener la institución y luchar por su sostenibilidad.  Se impone el desarrollo de una serie de talleres de reflexión sobre las alternativas para seguir brindando los servicios que constituyen la fortaleza institucional.