La Comisión Pro Equipo Nacional de Estrategia País (Pro ENEP) avanza en su objetivo de acordar soluciones concretas y realizables para combatir la extrema pobreza en Paraguay. Los miembros de la sociedad civil que forman parte de esta instancia ciudadana, analizan y debaten la aplicación de políticas públicas. El fruto de este trabajo será entregado a los poderes del Estado para su implementación.

Los miembros de la Comisión Pro ENEP se reunieron el sábado 12 de mayo pasado en plenaria, oportunidad en que evaluaron el proceso que llevó a instalar el paradigma del diálogo intersectorial para la construcción de ciudadanía, de manera a llegar a acuerdos sustentables que beneficien a toda la población y especialmente a los sectores inmersos en la extrema pobreza.

Dentro del Pro ENEP existen tres grupos temáticos que estudian los puntos identificados como prioritarios: Soberanía y Seguridad Alimentaria, Educación y Cultura y Trabajo.

En el grupo de Soberanía y Seguridad Alimentaria se analizaron las estrategias interinstitucionales existentes actualmente para garantizar el derecho a la alimentación de la población. En ese marco debatieron sobre los avances y limitaciones del Plan Nacional de Alimentación (Planal), y el anteproyecto de ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación. Estuvo como expositor Aníbal Cabrera, consultor de la FAO/STP.

La emergencia alimentaria ha motivado movilizaciones sociales en los últimos días, en distintos puntos del país. También se analizó el rol de las  organizaciones sociales respecto al tema, así como la viabilidad de los mencionados proyectos para su aprobación e implementación.

Tras la etapa de recopilación y conocimiento de datos, los miembros de la Comisión Pro ENEP plantearán medidas concretas para el combate de la pobreza extrema. El plazo para entregar las peticiones vence a fines de setiembre.

EDUCACION Y TRABAJO. En el Grupo de Educación y Cultura sus miembros analizaron los conceptos sobre la universalidad de la educación, y específicamente las políticas existentes sobre atención a la primera infancia, programas de alfabetización y post alfabetización y educación indígena. Los expositores fueron Inés Perrota, director general de Educación Escolar Básica; Sara López, y César González, director general de Educación Indígena del MEC.

Por su parte, el Grupo Trabajo recibió al ministro Gerardo Rolón Pose, de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), para hablar sobre la inversión existente en infraestructura básica para generación de empleo y mejora de la calidad de vida. Se analizaron las políticas de construcción de viviendas de cara al desarrollo inclusivo y los principales problemas de los programas existentes.

ESPACIO CIUDADANO. La Comisión Pro ENEP es la instancia ciudadana de diálogo social creado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de elaborar el marco reglamentario para la constitución de un consejo económico y social permanente. Para fines de setiembre deberá identificar una agenda de prioridades y proponer acciones estratégicas de corto, mediano y largo, con énfasis en la superación de la extrema pobreza.

Esta instancia está integrada por 50 miembros, 42 figuras representativas que provienen de los sectores campesinos, sindicales, empresariales, culturales, indígenas y de la academia. Además, 5 ministros del Poder Ejecutivo, y representantes del Senado, Cámara de Diputados y Corte Suprema de Justicia.

La Comisión Pro ENEP cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de Gestión Ambiental y Semillas para la Democracia, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Recientemente sumó apoyo y cooperación la Unión Europea y próximamente también lo haría la JICA, la agencia de cooperación japonesa, y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación

En el marco de la I Muestra Nacional de Atención Primaria a la Salud, organizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se realizó la Mesa Redonda “Evaluación de la estrategia APS: cinco miradas externas”, con la socialización de las distintas evaluaciones realizadas en los últimos 3 años sobre el funcionamiento y la eficiencia de las Unidades de Salud Familiar (USF).
La presentación de las evaluaciones estuvo a cargo de Verónica Serafini, Coordinadora de la Unidad de Economía Social (UES) del Ministerio de Hacienda, dependencia del Estado que desarrolla el Proyecto Evaluamos para Mejorar, en coordinación con geAm y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Dentro del citado proyecto se llevaron a cabo las evaluaciones con el fin de constatar la efectiva implementación y el funcionamiento de las USF instaladas al 2010 y conocer la percepción de la comunidad de los servicios brindados. Igualmente, los estudios apuntaron a evaluar el diseño y los resultados en cuanto a eficiencia, eficacia, calidad y economía de las USF, así como observar la efectividad de la estrategia comunicacional para la detección precoz del Cáncer de Cuello Uterino (CCU) en las USF del Bañado Sur de Asunción.
Cabe indicar que el objetivo de Evaluamos para Mejorar es fortalecer las competencias en la gestión de programas públicos, a través de la instalación de capacidades de evaluación, con el involucramiento de la sociedad civil en la cogestión (evaluadores), control (transparencia) e incentivo de la participación en gestión y rendición de cuentas. La realización de experiencias concretas de evaluación, con el enfoque de presupuesto por resultados y la difusión de los resultados del proceso como mecanismo de aprendizaje, replicabilidad y transparencia.

Con el objetivo de promover el conocimiento y la aplicación de nuevas normativas y herramientas que colaboren con la transparencia y efectividad del proceso de ingreso y promoción de personas en la función pública, se llevó a cabo el jueves 10 de mayo el Primer Encuentro de la Red de Gestión y Desarrollo de Personas del Estado Paraguayo, organizado por la Dirección de Desarrollo y Gestión del Cambio Institucional de la Secretaría de la Función Pública. Esta jornada se desarrolló en el Hotel del Paraguay, con la participación de los responsables de las Unidades de Gestión y Desarrollo de Personas de las diferentes instituciones públicas.

En la ocasión se realizó un repaso de la Resolución SFP Nº 151/ 2012 “Del establecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Personas y la organización de las Unidades de Gestión de Personas, Recursos Humanos o similares” y la Resolución SFP Nº 150/2012 “Que aprueba y establece el Reglamento General de Selección para el Ingreso y promoción en la Función Pública/Herramientas de la RED de Gestión de Personas SICCA/CUO/CPT/CCE”, y otras herramientas y documentos de trabajo.

El acto de apertura contó con la presencia José Tomás Sánchez, ministro de la Secretaría de la Función Pública; Valeria Franco, directora de Desarrollo y Gestión del Cambio Institucional de la SFP; Rose Rakas, directora de USAID/Paraguay; Jorge Abbate, director ejecutivo de geAm – Gestión Ambiental; y Martha Ferrara, directora de Semillas para la Democracia.

“Cuando hablamos de un nuevo Estado hablamos de algo que trasciende los gobiernos. Cuando  hace cuatro años empezábamos a hacer los concursos teníamos 7 puestos concursados, ahora tenemos una proyección de llegar a 15 mil puestos, con nuevas herramientas y nuevos métodos.  Es importante el trabajo que estamos haciendo porque estamos siendo punta de lanza de los cambios que vendrán y tenemos un rol protagónico en la historia porque estos cambios se irán consolidando los siguientes 15 años”, dijo el Ministro de la Secretaría de la Función Pública, José Tomás Sánchez, en la ocasión.

Por su parte, Rose Rakas, Directora de USAID/Paraguay, valoró los esfuerzos y el compromiso institucional de la SFP en el proceso de fortalecimiento de la gestión de personas y destacó que el fruto del trabajo que hoy se está desarrollando con las instituciones públicas contribuirá a una creciente confianza de la ciudadanía hacia el Estado y por otro lado, a una mejor calidad de servicios ofrecidos.

“Estamos muy complacidos de apoyar a la Secretaría de la Función Pública desde USAID  en el proceso de fortalecer la gestión de personas. Contratar a personas calificadas, seleccionadas por concursos, es importante por varias razones, primero porque construye la confianza del pueblo de que el Estado está velando por sus intereses; otra es que cuando las personas que trabajan en el Estado son capaces, brindan un mejor servicio al pueblo”, señaló Rakas.

La jornada de trabajo buscó proporcionar un espacio informativo y de análisis sobre el alcance de las normativas citadas, desarrollar capacidades técnicas que permitan la implementación de metodologías y herramientas para la aplicación de las nuevas normativas, así como promover el desarrollo de actitudes favorables hacia las buenas prácticas en la función pública.

Esta actividad contó con el apoyo del Programa de Democracia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID-Paraguay, a través de las organizaciones geAm – Gestión Ambiental y Semillas para la Democracia, con sus proyectos Calidad en la Gestión Pública para beneficio de la Ciudadanía y Sociedad Civil – Topu’ã Paraguay, respectivamente.

El diálogo intersectorial para llegar a acuerdos duraderos y ejecutar planes y políticas públicas que beneficien a toda la sociedad y a la población en general es posible, señalaron referentes sociales y empresariales en una reunión realizada en el Bañado Tacumbú. Los pobladores de la comunidad reclamaron a los sectores políticos y públicos deponer el extremado electoralismo y abocarse a la solución de los problemas acuciantes como falta de trabajo, salud, alimentación, seguridad y educación.

Integrantes de la Comisión Pro Equipo Nacional de Estrategia País (Pro ENEP), el organismo ciudadano de diálogo social creado por el Poder Ejecutivo, se reunieron con pobladores del Bañado Tacumbú, en el local del Centro de Ayuda Mutua “Salud para Todos” (Camsat), que dirige el Padre Pedro Velazco.

El Bañado Tacumbú forma parte del cinturón de marginalidad de Asunción y alberga a más de 2 mil familias _unas 10 mil personas_, la mayoría de ellas en situación de pobreza y extrema pobreza.

Estuvieron los empresarios Víctor González Acosta, José Emategui y Luis Bordón, el secretario general de la Organización Nacional Campesina (Onac) Ángel Giménez; Sofía Rojas y el ministro Hugo Royg, de la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

Pese a la intensa lluvia que se registró en la tarde-noche del martes, a la reunión asistió un importante número de líderes barriales.

El encuentro fue promovido por Camsat teniendo en cuenta que Sofía Rojas, educadora de la comunidad, forma parte de la Comisión Pro ENEP. La ocasión sirvió para conocer los fines y objetivos del Equipo Nacional de Estrategia País y también para que Rojas rinda cuenta de sus gestiones en la instancia ciudadana.

En la charla, amena y distendida, los miembros de la Comisión Pro ENEP resaltaron que se pueden conseguir acuerdos a través de un diálogo respetuoso y con altura. Y los líderes barriales destacaron que el Bañado Tacumbú, que hoy luce un aspecto remozado con calles asfaltadas y unidades habitacionales más sólidas, es una muestra de la unidad, del deseo de superación de una comunidad y del trabajo coordinado de sus líderes.

La Comisión Pro ENEP está integrada por 50 miembros, 42 de ellos de la sociedad civil (sectores campesinos, sindicales, empresariales, culturales, indígenas, académicos), 5 ministros del Poder Ejecutivo, un diputado, un senador y un miembro de la Corte Suprema de Justicia, aunque estas dos últimas instancias aún no han nominado a sus representantes.

Este organismo tiene la misión de crear el marco reglamentario para la constitución de un espacio permanente de diálogo (el ENEP) y establecer una agenda de prioridades para encarar acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la superación de la pobreza extrema.

La Comisión Pro ENEP se instaló el 16 de marzo, y a la fecha ya trabaja sobre tres ejes principales: trabajo, soberanía alimentaria y educación. A fines de setiembre, el organismo hará propuestas concretas de solución, a través de la aplicación de políticas públicas realizables, a los tres poderes del Estado.

Fuente: Secretaría Técnica de Planificación

El 17 de abril se realizó un desayuno de trabajo con periodistas sobre los principales aportes del Informe paralelo realizado por la sociedad civil para la IV Ronda de Análisis de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC). Este encuentro se llevó a cabo en ocasión de la Visita In Situ de miembros del Comité de Expertos al Paraguay.

El informe paralelo fue preparado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Semillas para la democracia, Gestión Ambiental (GEAM) y el Centro de Políticas Públicas, de la Universidad Católica. El objetivo fue analizar, desde la visión de la sociedad civil, el cumplimento de los compromisos asumidos en la Convención Interamericana Contra la Corrupción por parte del estado paraguayo.

Dicho documento fue presentado a la comisión del MESICIC/OEA, como actividad inicial de la visita in situ, en un encuentro con el equipo técnico responsable del Informe paralelo sobre el MESICIC en Paraguay, el lunes 16 de abril, a las 9 horas, en el hotel Granados Park.

La comitiva de expertos estuvo integrada por la Fiscal General Adjunta (*Deputy Solicitor General*) del Ministerio del Procurador General (*Attorney General´s Ministry) *de Belize, Iran Tillett-Dominguez, y el Coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, Hernaldo José Chamorro Díaz, quienes representan a sus respectivos países ante el Mecanismo y quienes igualmente contaron con el apoyo del Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA como Secretaría Técnica del MESICIC.

Durante cuatro días de trabajo, los integrantes de la Comisión se reunieron con representantes del Ministerio Público, la Contraloría General, la Auditoría General del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de la Función Pública, así como con representantes del Congreso de la Nación, con la finalidad de contar con información objetiva y completa y conocer eventuales dificultades para la implementación de la Convención Interamericana, además de facilitar la obtención de información relacionada con buenas prácticas, y brindar a Paraguay la oportunidad de beneficiarse o solicitar asistencia técnica.

Asimismo, la Comisión tuvo la oportunidad de sostener encuentros con organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, asociaciones profesionales, académicos e investigadores para abordar temas relacionados con los aspectos legales de acceso a la información, mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión pública, el anteproyecto de Ley Código de la Organización Judicial y las estrategias conjuntas entre la sociedad civil y la administración pública.

Los resultados de esta visita forman parte del proceso de análisis que actualmente adelanta el Comité de Expertos del MESICIC y que concluirá con la adopción del informe por país que el mismo Comité adoptará con relación a Paraguay en su próxima reunión plenaria que se llevará a cabo en septiembre de 2012 en la sede de la OEA, en Washington, D.C.

El MESICIC es un mecanismo de cooperación entre Estados, con participación de organizaciones de la sociedad civil, establecido en el marco de la OEA, en que se analizan los marcos jurídico-institucionales de cada país, su adecuación a la Convención Interamericana contra la Corrupción y los resultados objetivos alcanzados. La incorporación de las visitas *in situ*como una etapa y parte integral del proceso de análisis del MESICIC constituye una iniciativa pionera e innovadora en el ámbito de la OEA, tratándose sobretodo de un mecanismo de evaluación entre pares y la importancia de los temas que éste aborda.

El Gobierno de Paraguay presentó su “plan de acción” buscando lograr un mecanismo que permita mejorar la transparencia de las instituciones públicas durante el primer día de la conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto, que se celebra en Brasilia.

El Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación de Paraguay, Hugo Royg, hizo la presentación ante otros representantes de distintos gobiernos del Plan de Acción “Jaguatá Oñondivepa, la cual apunta a promover la participación y el protagonismo de la ciudadanía en la gestión de gobierno, bajo la premisa de articular las acciones existentes en la agenda pública de manera a tener mayor fuerza en promover la transparencia activa.

“Desde el gobierno tenemos la firme convicción de participar activamente de la alianza (OGP) a los efectos de acelerar procesos internos vinculados a este tema. Pretendemos movilizar las decisiones políticas y las conversaciones existentes en toda la sociedad”, manifestó Hugo Royg.

“El proceso intra Poder Ejecutivo ha sido muy interesante. Hemos compartido planes de trabajo y desafíos de los diferentes proyectos de tal forma a elaborar una propuesta de plan de trabajo consensuado que nos comprometa a todos”.

Explicó que las instituciones de su país tienen “un compromiso absoluto” con el gobierno abierto y añadió que las medidas para intensificar la transparencia son compatibles con los compromisos enunciados en la Alianza”

Afirmó que a corto plazo las 5 áreas prioritarias a ser atendidas desde el Plan de Acción incluyen el Gobierno Electrónico e intercambio de información, Sistema de Gestión de Trámites Electrónicos, Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, Sistema de Gestión de Personas y el Sistema de información de medidas de anticorrupción del PE.

La Alianza para el Gobierno Abierto, impulsada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con el apoyo inicial de Brasil, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas y México, tiene como principio asumir compromisos concretos de los gobiernos, para promover la transparencia, permitir a los ciudadanos combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad de las naciones.

Al presentar el informe sobre los avances de los compromisos asumidos en materia de Gobierno Abierto, ante el Comité Directivo de la Alianza, Hugo Royg manifestó que el plan de acción seguido por Paraguay ha tenido etapas evolutivas interesantes, destacándose las jornadas de participación consultiva con distintos sectores sociales, en las que el Gobierno Nacional expuso un programa de acción real y evaluable al 2012, y a partir del cual, la ciudadanía en general asuma un rol protagónico no sólo en el control de cumplimiento de los indicadores señalados en el plan, sino mediante estrategias de participación construidas al interior de la propia sociedad civil, generando finalmente con todo esto el inicio de u proceso de interrelación con Estado-Sociedad Civil.

En la primera sesión de la conferencia anual de la Sociedad de Gobierno Abierto intervinieron, entre otros, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton.

Para acceder al Plan de Acción “Jaguata Oñondivepa” 2012, ingrese aquí.

La pobreza y las desigualdades deben ocupar un papel central en la totalidad de las políticas públicas, y del consenso político en general, de allí la validez y la importancia de una institución ciudadana como el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP) y de un organismo como la Comisión Pro ENEP, sostuvo Víctor Imas, especialista del Equipo Técnico, durante la reunión plenaria de la Comisión Pro ENEP realizada ayer.

Durante la plenaria se realizó un panel-debate sobre pobreza y desigualdades en Paraguay, sus causas, desafíos, políticas y estrategias existentes para combatirlas.

Imas también destacó que el modelo de crecimiento económico imperante no favorece la disminución de la pobreza y de las desigualdades, y los esfuerzos de políticas públicas existentes y realizadas no son suficientes.

En la oportunidad, el sociólogo Luis Galeano sostuvo que los ejes de intervención para combatir la pobreza extrema y las desigualdades debe abarcar los siguientes puntos:

• Protección social: Sistema de intervención integral, destinado a generar las condiciones para que los pobres extremos puedan superar, de forma sustentable, las limitaciones en el acceso a las necesidades básicas.
• Inclusión económica: Proceso dirigido a modificar la estructura de oportunidades de los pobres en el acceso sostenible en la producción y en el empleo, en base a políticas y programas que, coordinadamente, fortalezcan la capacidad técnica y organizativa de los mismos.
• Promoción ciudadana participativa: Orientada a efectivizar la participación activa de los pobres en organizaciones solidarias, económicas, sociales y políticas, en las que se desempeñen como sujetos plenos.

En la plenaria se instó a dejar de lado el cinismo, el escepticismo, los prejuicios, el miedo a lo nuevo, y en contrapartida abrir la mente, el corazón y la voluntad.

En la reunión realizada el sábado también se realizó una evaluación de los debates llevados a cabo en los grupos de trabajo el pasado viernes. Esos grupos están divididos en soberanía alimentaria, educación y trabajo.

La Comisión Pro ENEP es el organismo creado por el Poder Ejecutivo para preparar el marco legal para la instalación de una instancia permanente de diálogo social, que sirva de instancia consultiva y asesora de los tres poderes del Estado. Además, tiene un plazo de 7 meses _que corren desde marzo_ para plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo, en el marco del combate a la pobreza extrema.

La Comisión está integrada por 50 miembros, 42 de ellos provenientes de la sociedad civil (sectores campesinos, sindicales, empresariales, sociales, culturales, académicos e indígenas), 5 ministros del Poder Ejecutivo, un representante del Senado, uno de Diputados y uno de la Corte Suprema de Justicia.

El emprendimiento cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de Gestión Ambiental (geAm) y Semillas para la Democracia; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Paraguay, y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI).

Para manifestar la preocupación ante el posible aumento de 215 mil millones de guaraníes (cerca de 50 millones de dólares) del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), 36 organizaciones de la sociedad civil presentaron en la mañana del 13 de abril un comunicado titulado “Un atentado a la ética pública”.

A las organizaciones les parece inapropiada la forma en que se utilizarán los 65 mil millones de guaraníes restantes ya que el dinero será destinado para habilitar oficinas del TSJE en otros países para inscripción en el padrón electoral de paraguayos y paraguayas que viven en el exterior (dejando de lado embajadas y consulados) y para el pago de viáticos a funcionarios/as del TSJE que cumplirán dicha tarea. “Las autoridades debieron considerar otros mecanismos más efectivos que realmente garanticen que los ciudadanos y ciudadanas que viven en otros países puedan estar habilitados para ejercer su derecho al voto”, expresa el comunicado.

Finalmente, dichas organizaciones exhortan a la Cámara de Senadores a rechazar este aumento presupuestario para el TSJE, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La presentación del comunicado estuvo a cargo de Marta Ferrara, Directora Ejecutiva de Semillas para la Democracia y Enrique Gauto, coordinador de capacitación de Decidamos. Las otras 34 organizaciones agrupadas en torno a esta preocupación son: Aldeas Infantiles SOS Paraguay, Base ECTA, Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Centro de Estudios Judiciales (CEJ), Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG), Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Centro de Políticas Públicas de la UCA, Conciencia Viva, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Corporación REMA, Desarrollo en Democracia (DENDE), Fundación Moisés Bertoni, Fundación AVINA, Fundación Tierranuestra, Gestión Ambiental (geAm), Global Infancia, Guyra Paraguay, Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Juventud que se Mueve (JQM), Movimiento de Objeción de Conciencia – Paraguay (MOC-Py), Ñemongetarä, Observatorio de Control y Veeduría Ciudadana (integrado por CEAMSO, FEDEM, Contraloría Ciudadana de Asunción y Tierra Nueva), Paraguay Educa, ParIgual, Radio Viva, Servicio de Educación y Apoyo Social – Área Rural (SEAS – AR), Servicio de Educación Popular (SEDUPO), Servicio Paz y Justicia – Paraguay (SERPAJ – Py), Tekoha – Con los pueblos indígenas, Tierra Nueva, y VOCES Paraguay – Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay.

El comunicado titulado “Un atentado a la ética pública” puede ser descargado aquí.

Más información con, Marta Ferrara: 0971 888171 y Enrique Gauto: 0981 415586

El intercambio fluido de información entre las partes -evaluadores y evaluados- es una característica dentro del proceso de evaluación de los programas sociales, en el marco de la implementación del Presupuesto por Resultados (PPR), promovido por el Ministerio de Hacienda. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Evaluamos para Mejorar, que cuenta con el apoyo de geAm y USAID.

A través de la Dirección General de Presupuesto (DGP) y la Unidad de Economía Social (UES), la cartera de Hacienda lleva adelante este año la evaluación de los programas: Administración del Sistema Tributario, Ministerio de Hacienda; Control y Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por Vectores (SENEPA), Ministerio de Salud; Extensión Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Dentro de este marco de acciones, el miércoles 28 de marzo se llevó a cabo una videoconferencia con Heidi Berner, experta internacional que acompaña el proceso de evaluación, con la participación de los equipos de consultores, los responsables de los programas sociales evaluados, así como el equipo técnico de la DGP y la UES.

Esta modalidad de consulta y análisis entre las partes permite a los evaluadores estar en contacto permanente con los referentes de los programas evaluados y, a estos últimos, tener la oportunidad de realizar aclaraciones, comentarios o cuestionamientos al proceso. De esta manera se garantiza que tanto evaluadores como evaluados sean parte activa del proceso, hasta su finalización, y se logra que el programa en cuestión pueda hacer uso real de los resultados del estudio para la mejora en la implementación del programa.

El Presupuesto por Resultado busca cambiar el foco de la discusión del presupuesto, actualmente centrado en los insumos y desde una perspectiva exclusivamente financiera, hacia los resultados que se logran y el efecto que sus acciones tienen sobre la sociedad.

En la oportunidad, los asesores internacionales trabajaron en la elaboración del anteproyecto de decreto “Régimen de la Carrera Sanitaria”, homologado con el anteproyecto de decreto “Régimen General de la Función Pública” y reglamentario en lo que hace al personal de la salud de la Ley 1629/2000 de la Función Pública, y los anexos reglamentarios.

Los encuentros de trabajo se realizaron con autoridades,  servidores públicos y consultores, quienes aportaron en la tarea de diseño de los productos mencionados, que permitirán a dicha institución pública promover y fortalecer la carrera sanitaria y del servicio civil en su estructura interna.

Cabe recordar que Jorge Hintze y Carlos Fernández forman parte de la  Asociación Civil TOP – Tecnología para la Organización Pública, de Argentina. En Paraguay vienen acompañando el proceso de reforma liderado por la SFP, para el fortalecimiento del servicio civil en el Paraguay.